El 19 de marzo, a inicios del confinamiento generalizado en Europa para contener la expansión del COVID-19, el filósofo Pierre Dardot y el sociólogo Christian Laval, autores de la trilogía de lo Común (La nueva razón del mundo, Común y La pesadilla que no acaba nunca) publicaron este análisis en el medio francés Mediapart sobre el encaje de la pandemia en el concepto de soberanía de Estado y la importancia de los servicios públicos como derecho fundamental de la ciudadanía. (descargar el artículo en pdf)
La prueba política de la pandemia
Para Pierre Dardot y Christian Laval, autores de Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI, la pandemia del Covid-19 pone a prueba la capacidad de las organizaciones políticas y económicas para hacerle frente. “Lo que estamos experimentando sugiere lo que, con el cambio climático, le espera a la humanidad en unas pocas décadas si la estructura económica y política del mundo no cambia.»
La pandemia de Covid-19 es una excepcional crisis mundial de salud, económica y social. Pocos eventos históricos pueden compararse con él, al menos en la escala de las últimas décadas. Esta tragedia, en este momento, es una prueba para toda la humanidad. Prueba en el doble sentido de la palabra: dolor, riesgo y peligro, por un lado; examen, evaluación, juicio por otro. Lo que pone a prueba la pandemia es la capacidad de las organizaciones políticas y económicas para hacer frente a un problema global vinculado a las interdependencias individuales, en otras palabras, que afecta la vida social más básica. Como una distopía que se habría convertido en realidad, lo que estamos experimentando permite vislumbrar lo que, con el cambio climático, le espera a la humanidad en unas pocas décadas si la estructura económica y política del mundo no cambia muy radicalmente y muy rápidamente.
¿Una respuesta estatal a una crisis global?
Primera observación: aquí o allá, estamos dispuestos a confiar en la soberanía del Estado nacional para responder a la epidemia mundial, y esto se hace de dos maneras más o menos complementarias y articuladas según el país: por un lado, contamos con él para tomar medidas autoritarias para limitar el contacto, particularmente con la implementación de un «estado de emergencia» (declarado o no), como en Italia, España o Francia; por otro lado, estamos esperando que el Estado proteja a los ciudadanos de la «importación» de un virus procedente del extranjero. La disciplina social y el proteccionismo nacional serían los dos ejes prioritarios de la lucha contra la pandemia. Aquí encontramos los dos lados de la soberanía de Estado: dominación interna e independencia externa.
Segunda observación: también contamos con que el Estado ayude a las empresas de todo tamaño a pasar la prueba, brindándoles asistencia y garantías sobre los créditos que necesitarán para evitar la bancarrota y mantener su mano de obra mientras sea posible. El estado ya no tiene reparos en gastar sin límite para «salvar la economía» (whatever it takes), mientras que hasta ayer oponía el respeto obsesivo por las limitaciones presupuestarias y los límites de la deuda pública a cualquier demanda para aumentar el número de hospitales y el número de camas en los servicios de emergencia. Los estados de hoy parecen redescubrir las virtudes de la intervención, al menos cuando se trata de apoyar la actividad de las empresas privadas y garantizar el sistema financiero.[1]
Este brutal cambio de pie, que sería un error confundir con el fin del neoliberalismo, plantea una pregunta central: el recurso a las prerrogativas del Estado soberano, tanto internas como externas, ¿es una respuesta adecuada para responder a una pandemia que afecta la solidaridad social básica?
Lo que hemos visto hasta ahora es motivo de preocupación. La xenofobia institucional de los Estados se manifestó al mismo tiempo que nos dimos cuenta del peligro letal del virus para toda la humanidad. Los estados europeos han respondido de forma perfectamente dispersa a la propagación del coronavirus. La mayoría de los países europeos, especialmente de Europa Central, muy rápidamente se encerraron detrás de los muros administrativos del territorio nacional para proteger a las poblaciones del «virus extranjero». El mapa de los primeros países enclaustrados también se superpone significativamente con el de la xenofobia estatal. Orbán levantó la liebre: «Estamos librando una guerra en dos frentes, el de la migración y el del coronavirus, que están vinculados porque ambos se propagan con el desplazamiento.”[2] El tono se estableció rápidamente a nivel europeo y global: cada uno de los estados debe administrar por sí solo, para el deleite de todas las extremas derechas europeas y mundiales. Lo más abyecto fue la falta de solidaridad con los países más afectados. El abandono de Italia a su suerte por parte de Francia y Alemania, que empujaron el egoísmo hasta el punto de negarse a enviar equipos médicos y máscaras protectoras allí, sentenciaba a muerte la Europa construida en base a la competencia generalizada entre países.
Soberanía de Estado y decisiones estratégicas
El 11 de marzo, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que estábamos lidiando con una pandemia y que estaba profundamente preocupado tanto por la velocidad de propagación del virus como por el «alarmante nivel de inacción” de los Estados. ¿Cómo explicar esta inacción? La experta en pandemias, Suerie Moon, codirectora del Centro de Salud Global del Instituto de Graduados de Estudios Internacionales y Desarrollo, proporcionó el análisis más convincente: “La crisis que estamos atravesando muestra la persistencia del principio de soberanía estatal en los asuntos mundiales. (…) Pero no sorprende. La cooperación internacional siempre ha sido frágil, pero lo ha sido todavía más desde hace unos cinco años, con la elección de líderes políticos –especialmente en los Estados Unidos y el Reino Unido– que aspiran a retirarse de la globalización. (…) Sin la perspectiva global que brinda la OMS, nos encontramos con un desastre. (…) Por lo tanto, recuerda a los líderes políticos y de salud de todo el mundo que el enfoque global de la pandemia y la solidaridad son elementos esenciales que alientan a los ciudadanos a actuar de manera responsable.»[3] Por bien fundados y justos que sean estos argumentos, parecen olvidar que la Organización Mundial de la Salud se ha ido debilitando financieramente en las últimas décadas y que ha quedado en manos de inversores privados (el 80% de su financiación proviene de donaciones privadas de empresas y fundaciones). A pesar de este debilitamiento, la OMS podría haber servido desde el principio como marco de cooperación en la lucha contra la pandemia, no solo porque su información era fiable desde principios de enero, sino también porque sus recomendaciones para el control radical y temprano de la epidemia eran pertinentes. Para el Director General de la OMS, la decisión de abandonar las pruebas sistemáticas y el rastreo de contactos, que han funcionado con éxito en Corea o Taiwán, fue un error importante que contribuyó a la propagación del virus en todos los demás países.
Detrás de este retraso hay decisiones estratégicas. Países como Corea han elegido la detección sistemática, el aislamiento de portadores del virus y el «distanciamiento social». Italia adoptó pronto la estrategia de contención absoluta para detener la epidemia, hecha anteriormente en China. Otros países han tardado demasiado en reaccionar, con la elección fatalista y cripto-darwiniana de una estrategia llamada «inmunidad colectiva» (herd immunity). La Gran Bretaña de Boris Johnson inicialmente siguió el camino de la pasividad mientras que otros, de manera más ambigua, tardaron en tomar medidas restrictivas, especialmente Francia y Alemania, sin mencionar a los Estados Unidos. Confiando en una «mitigación» o «demora» de la epidemia al aplanar la curva de contaminación, estos países han renunciado de facto a mantenerla bajo control desde el principio mediante una detección sistemática y una contención general de la población como se hizo en Wuhan y en la provincia de Hubei. Esta estrategia de inmunidad colectiva supone aceptar que del 50 al 80% de la población está contaminada según las previsiones de los líderes alemanes y el gobierno francés. Es como aceptar la muerte de cientos de miles, o incluso millones de personas que se supone son las «más frágiles». Sin embargo, la orientación de la OMS era clara: los Estados no deberían abandonar la detección sistemática y el rastreo de contactos de las personas que dieron positivo.
El «paternalismo libertario» en tiempos de epidemia
¿Por qué los Estados han dado muy poca confianza a la OMS y especialmente por qué no le han dado un papel central en la coordinación de las respuestas a la pandemia? En el frente económico, la epidemia en China paralizó los poderes económicos y políticos porque detener la producción y el comercio nunca se había visto a esta escala y habría llevado a una crisis económica y financiera de gravedad excepcional. La vacilación en Alemania, Francia y aún más en los Estados Unidos responde al hecho de que los gobiernos han optado por mantener la economía funcionando el mayor tiempo posible, o más bien por su voluntad de mantener el arbitraje entre la salud y los imperativos económicos de acuerdo con la situación observada «día a día», sin prestar atención a los pronósticos más dramáticos que sin embargo conocían. Fueron las proyecciones catastróficas del Imperial College, según las cuales el “dejar hacer” provocaría millones de muertes, lo que hizo cambiar de opinión a los gobiernos entre el 12 y el 15 de marzo, es decir, demasiado tarde, hacia la solución del encierro generalizado.[4]
Es aquí donde interviene la nefasta influencia de la economía comportamental y la teoría del «nudge» en las decisiones políticas.[5] Ahora sabemos que la «nudge unit» que aconseja al gobierno británico ha logrado imponer la teoría según la cual los individuos que se vean obligados demasiado rápidamente a seguir medidas severas se cansarán y relajarán su disciplina cuando ésta sea más necesaria, en el pico de la epidemia. Desde 2010, el enfoque económico de Richard Thaler, expuesto en su libro Nudge, inspira supuestamente la «gobernanza eficiente» del Estado.[6] Consiste en alentar a los individuos, sin obligarlos, a tomar las decisiones correctas «a empujoncitos», es decir, mediante influencias suaves, indirectas, agradables y opcionales, sobre un individuo que debe permanecer libre de tomar sus propias decisiones. Este «paternalismo libertario” en materia de lucha contra la epidemia ha resultado en dos orientaciones: por un lado, el rechazo a la coerción del comportamiento individual y, por otro, la confianza en los «gestos de barrera»: mantenerse a distancia, lavarse las manos, cubrirse bien al toser, todo esto en interés propio. La apuesta por la incitación suave y voluntaria fue arriesgada, no se basó en ningún dato científico que demostrara su relevancia en una situación epidémica. Ha conducido al fracaso que conocemos. Cabe recordar que esta fue también la elección de los responsables franceses hasta el sábado 14 de marzo. Macron se había negado a tomar medidas de contención porque, según dijo el viernes 6 de marzo, «tomar medidas muy restrictivas no es sostenible en el tiempo». Al salir del teatro donde fue ese mismo día con su esposa, declaró: «La vida continúa. No hay ninguna razón, excepto para los grupos de riesgo, para cambiar nuestros hábitos de salir». Detrás de estos comentarios que hoy parecen irresponsables, uno no puede evitar pensar que la opción del paternalismo libertario era también una forma de disentir de las medidas draconianas que necesariamente iban a afectar a la economía.
¿Soberanía de Estado o servicios públicos?
El fracaso del paternalismo libertario llevó a las autoridades políticas a un giro impresionante, que se comenzó a percibir en el primer discurso presidencial del 12 de marzo con la llamada a la unidad nacional, a la unión sagrada, a la «fuerza del alma» del pueblo francés. El segundo discurso de Macron, el 16 de marzo, fue aún más explícito en la elección de la postura y la retórica marcial: era la hora de la movilización general y la «abnegación patriótica», ya que «estamos en guerra». Ahora es la figura del Estado soberano la que se manifiesta de la manera más extrema pero también más clásica, la de la espada que golpeará a un enemigo «que está aquí, invisible, esquivo, que progresa».
Pero hubo otra dimensión en el discurso del 12 de marzo que no dejó de sorprender. De repente, y casi milagrosamente, Emmanuel Macron se convirtió en un defensor del Estado de bienestar y de la salud pública, llegando a afirmar la imposibilidad de reducir todo a la lógica del mercado. Varios comentaristas y políticos, algunos de ellos considerados de izquierda, se apresuraron a aplaudir esta posición como un reconocimiento de la función insustituible de los servicios públicos. En suma, tendríamos aquí una forma de reacción en diferido a la demanda que suscitó su visita al hospital Pitié Salpêtrière el pasado 27 de febrero: Macron habría así acabado dando una respuesta positiva, al menos en principio, al profesor de neurología que le exigió un «shock de atractivo» a favor de los hospitales. Que las declaraciones hechas en esta ocasión son una farsa y no ponen en duda las políticas neoliberales aplicadas metódicamente durante años es algo que se ha reconocido de inmediato.[7] Y aún hay más. Durante esta misma conferencia, el presidente reconoció que «delegar nuestra alimentación, nuestra protección, nuestra capacidad de cuidar, nuestra forma de vida, en definitiva, a los demás» era una «locura» y que teníamos que «recuperar el control». Esta invocación de la soberanía del Estado-nación fue aplaudida desde varios bandos, incluidos los neofascistas de la RN. La defensa de los servicios públicos se fusionaría con la de las prerrogativas del Estado: salvar la salud pública de la lógica del mercado sería un acto de soberanía, que corregiría las demasiadas delegaciones concedidas en el pasado a la Unión Europea. ¿Pero es de verdad evidente que el concepto de servicio público en sí mismo exige el de soberanía de Estado, como si el primero se basara en el segundo y las dos nociones fueran inseparables entre sí? La pregunta merece un examen más serio en tanto que es un argumento central de los partidarios de la soberanía del Estado.
Comencemos con la cuestión de la naturaleza de la soberanía del Estado. Soberanía significa literalmente «superioridad» (del latín superanus), pero ¿con respecto a qué? Con respecto a las leyes y obligaciones de todo tipo que pueden limitar el poder del Estado, tanto en sus relaciones con otros Estados como en sus relaciones con sus propios ciudadanos. El Estado soberano se coloca por encima de los compromisos y obligaciones que puede libremente contratar y revocar según desee. Pero el Estado, considerado como una persona pública, solo puede actuar por medio de sus representantes, que se supone encarnan su continuidad más allá de la duración del ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, la superioridad del Estado significa efectivamente la superioridad de sus representantes con respecto a las leyes, obligaciones y compromisos que pueden obligarlo de manera duradera. Y es esta superioridad la que es elevada al rango de principio por todos los soberanistas. Sin embargo, por desagradable que sea esta verdad en sus oídos, este principio se aplica independientemente de la orientación política de sus gobernantes. Lo principal es que actúan como representantes del Estado, independientemente de su idea de soberanía del Estado. Las concesiones sucesivas a favor de la UE por parte de los representantes del Estado francés fueron soberanas, siendo la propia construcción de la UE precursora desde el primer momento de la implementación del principio de soberanía del Estado. Del mismo modo, el hecho de que el Estado francés, como tantos otros en Europa, haya evadido sus obligaciones internacionales de defensa de los derechos humanos es una lógica de soberanía: la declaración de los defensores de los derechos humanos obliga a los Estados a crear un ambiente saludable y protector para estos defensores, pero las leyes y prácticas de los Estados signatarios, particularmente los de Francia en la frontera que comparte con Italia, violan estas obligaciones internacionales. La misma observación debe hacerse con respecto a las obligaciones climáticas de las cuales los Estados se emancipan alegremente de acuerdo con sus intereses del momento. En materia de derecho público interno, el Estado tampoco es superado. Por lo tanto, para seguir con el caso francés, los derechos de los amerindios de Guyana son negados en nombre del principio de la «República única e indivisible», una expresión que nuevamente nos remite a la sacrosanta soberanía del Estado. En definitiva, esta es la coartada que permite a los representantes del Estado estar exentos de toda obligación, legitimando un control por parte de la población.
Tengamos en cuenta este punto, pues nos ayudará a explicar la naturaleza pública de los llamados servicios «públicos». Es el significado de la palabra «público» lo que debería recibir toda nuestra atención aquí. No damos suficiente relevancia al hecho de que, en esta expresión, «público» es absolutamente irreductible a «estatal». Porque el publicum aquí designado se refiere no solo a la administración estatal, sino a toda la comunidad en tanto que compuesta por el conjunto de ciudadanos: los servicios públicos no son servicios estatales en el sentido de que el Estado podría disponer de ellos como le plazca, ni son una proyección del Estado, sino que son públicos en el sentido de que están «al servicio del público». En este sentido, emergen de una obligación positiva del Estado hacia los ciudadanos. En otras palabras, el Estado y los gobernantes se lo deben a los gobernados, lejos de ser un favor que el Estado hace a los gobernados, tal y como da a entender la fórmula del «Estado de bienestar», ya controvertida por su inspiración liberal. El jurista Léon Duguit, un importante teórico de los servicios públicos, ya lo señaló a principios del siglo XX: es la primacía de los deberes de quienes gobiernan sobre los gobernados lo que constituye la base de lo que se llama «servicio público». » En su opinión, los servicios públicos no son una manifestación del poder del Estado, sino un límite del poder del gobierno. Son lo que hace que los gobernantes estén al servicio de los gobernados.[8] Estas obligaciones que se imponen a los gobernantes se imponen también a sus agentes, y son estas las que dan origen al concepto de «responsabilidad pública». Por eso, los servicios públicos emergen del principio de solidaridad social, que se impone a todos, y no del principio de soberanía, incompatible con el de responsabilidad pública.
Esta concepción de los servicios públicos ha sido ciertamente inhibida por la ficción de la soberanía estatal. Sin embargo, se continúa apelando a ella por la estrecha relación que parecen tener los ciudadanos con lo que consideran un derecho fundamental. El derecho de la ciudadanía a los servicios públicos es el gran pendiente del deber de los servicios públicos que recae en los representantes del Estado. Esto explica por qué los ciudadanos de los diferentes países europeos afectados por la crisis han querido mostrar, en las formas más diversas, su apego a estos servicios comprometidos en la lucha diaria contra el coronavirus: así, los ciudadanos de muchas ciudades españolas aplaudieron desde sus balcones a los sanitarios, sin importar justamente su posición respecto al Estado unitario centralizado. Las dos cosas deben ser cuidadosamente separadas. El apego de los ciudadanos a los servicios públicos, en particular a los servicios hospitalarios, no es en modo alguno una adhesión a la autoridad o a los poderes públicos bajo sus diferentes formas, sino un apego a unos servicios cuyo propósito esencial es satisfacer las necesidades del público. Lejos de manifestar un repliegue identitario por la nación, este apego atestigua un sentido de lo universal que cruza las fronteras y nos hace muy sensibles a las pruebas vividas por nuestros «conciudadanos en pandemia», ya sean italianos, españoles, y en última instancia, europeos o no.
La urgencia de los bienes comunes mundiales
No tenemos fe en la promesa de Macron según la cual él mismo será el primero en cuestionar «nuestro modelo de desarrollo» después de la crisis. Incluso se puede pensar legítimamente que se repetirán las medidas drásticas del 2008 en materia económica apuntando a un «retorno a la normalidad», es decir, a la destrucción del planeta y a la desigualdad creciente de las condiciones sociales. Por el contrario, lo que ahora debemos temer es que la enorme factura para «salvar la economía» se presente una vez más a los asalariados y contribuyentes más modestos. Sin embargo, gracias a esta prueba, algo ha cambiado, lo que significa que nada podrá ser completamente como antes. El soberanismo de Estado, por su reflejo asegurador y su tropismo xenófobo, ha probado su fracaso. Lejos de contener al capital global, adapta su acción exacerbando la competencia. Hay dos aspectos que han aflorado ahora ante millones de personas. Por un lado, el papel de los servicios públicos como instituciones de lo común capaces de implementar la solidaridad vital entre humanos. Por otro lado, está la necesidad política más urgente de la humanidad: la institución de los bienes comunes mundiales. Dado que los principales riesgos son globales, la ayuda mutua debe ser global, las políticas deben coordinarse, los medios y el conocimiento deben compartirse, la cooperación debe ser la regla absoluta. La salud, el clima, la economía, la educación, la cultura… ya no deberían considerarse como propiedad privada o propiedad del Estado: deberían considerarse como bienes comunes mundiales y ser instituidos políticamente como tales. Una cosa es segura: la salvación no vendrá de arriba. Solo las insurrecciones, los levantamientos y las coaliciones transnacionales de ciudadanos pueden imponerlo a los Estados y al capital.
Pierre Dardot y Christian Laval son autores de Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI (Gedisa 2015), entre otras obras publicadas por Gedisa.
Christian Laval es también autor de la novedad Fouocault, Bourdieu y la cuestión neoliberal (Gedisa 2020).
Artículo original en francés: https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/190320/l-epreuve-politique-de-la-pandemie
[1] Uno de los planes de recuperación más ambiciosos hasta la fecha es el de Alemania, que rompe abruptamente con los dogmas ordoliberales vigentes desde el inicio de la RFA.
[2] Citado por Nelly Didelot, «Coronavirus : les fermetures de frontière se multiplient en Europe», Libération, 14 mars 2020 – https://www.liberation.fr/planete/2020/03/14/coronavirus-les-fermetures-de-frontiere-se-multiplient-en-europe_1781594
[3] Entrevista con Suerie Moon: «Avec le coronavirus, les Etats-Unis courent au désastre», Le Temps , 12 de marzo de 2020 – https://www.letemps.ch/monde/suerie-moon-coronavirus-etatsunis-courent-desastre
[4] El equipo de Neil Ferguson modeló la propagación del virus y mostró que «dejándolo hacer» mataría a 510,000 y 2.2 millones de personas en el Reino Unido y los Estados Unidos, respectivamente. Cf. Hervé Morin, Paul Benkimoun y Chloé Hecketsweile, «Coronavirus : des modélisations montrent que l’endiguement du virus prendra plusieurs mois», Le Monde, 17 de marzo de 2020. https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020 /03/17/covid-19-les-scenarios-decisifs-de-modelisateurs-britanies_6033393_1650684.html
[5] «To nudge» significa empujar o ayudar. Es un incentivo o estímulo cuyo objetivo es actuar sin restricciones para el individuo.
[6] Richard H. Thaler y Cass R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, Yale University Press, 2008. Véase también Tony Yates, “Why is the government relying on nudge theory to fight coronavirus?», 13 de marzo de 2020, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/13/why-is-the-government-relying-on-nudge-theory-to-tackle-coronavirus
[7] Cf. Ellen Salvi, «Emmanuel Macron annonce une «rupture» en trompe-l’œil», Mediapart, 13 de marzo 2020.
[8] Léon Duguit, Souveraineté et liberté, Leçons faites de l’Université de Columbia (New-York), 1920-1021, Felix Alcan, 1922, Onzième Leçon, p. 164.
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